Randall Madrigal Madrigal

Abogado

Miembro de la Red Panamericana de Pacientes Por la Seguridad del Paciente

larepublica.net

Las intervenciones en salud, sin duda alguna, se realizan con el fin de beneficiar a las personas, como una manifestación misma de los principios bioéticos de  beneficencia y no maleficencia y del principio hipocrático de «primun non nocere» o  primero no hacer daño. Sin embargo, tales intervenciones son realizadas en  ambientes con una combinación compleja de procesos, tecnologías e interacciones  humanas, entorno que constituye el sistema moderno de prestación de atención de  la salud, que sin duda, en aprovechamiento de un recurso humano en salud cada  vez más especializado y de un plano tecnológico otrora impensable; aporta  beneficios importantes en la atención de los pacientes, no obstante, conlleva un  riesgo inevitable de que ocurran eventos adversos y ciertamente ocurren, con  demasiada frecuencia.

Así había sido advertido ya en el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a la calidad de la atención y seguridad del paciente de 5 de  diciembre de 2001.

La OMS en su glosario de conceptos básicos en la Clasificación Internacional para  la Seguridad del Paciente (CISP), refiere a los eventos adversos como incidentes  que producen daño al paciente, tratándose de hechos imprevistos, no relacionados  con la historia natural de la enfermedad, como consecuencia del proceso de  atención médica, sin que representen necesariamente un error médico, sino una  falla del sistema (predominantemente) en cuanto a la organización del servicio de  salud y que causan lesión, incapacidad, muerte, aumento de la estancia hospitalaria, que se deriva de la asistencia sanitaria y no de la enfermedad propia del paciente.

Ejemplos de ellos son las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales y los errores de medicación -prescripción, dispensación y administración), entre otros. Los estudios sobre los riesgos de la atención sanitaria y eventos adversos (atención antes pensada como incapaz de provocar daños) ya afloraban desde las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado, pero es en 1999 con el estudio: “To err is  human: building a safer healht system”, del Instituto de Medicina de los Estados  Unidos, que se aportan datos significativos y se coloca el tema en el centro del  debate público en todo el mundo. Los datos de tal estudio ya eran alarmantes para esa fecha y siguen siéndolo sin duda en la actualidad.

Un reciente Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económico (OCDE) de 2020, bajo el título de The Economics of Patient Safety: from  analysis to action, citado por el Comité de Bioética de España en su informe sobre  los aspectos éticos de la seguridad del paciente y específicamente, de la  implantación de un sistema efectivo de notificación de incidentes de seguridad y  eventos adversos (2021), señala que más de 1 de cada 10 pacientes continúan  sufriendo daños por fallas de seguridad durante su atención, datos que no distan de  los resultados obtenidos en años anteriores, en cuenta, el estudio IBEAS (2009),  llevado a cabo en hospitales de Latinoamérica y en el que Costa Rica había  participado.

El alarmante número de pacientes que sufren algún tipo de daño durante el proceso  de atención de su salud, llevó a la OMS a lanzar desde el año 2004 la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, con el fin de mejorar la seguridad del paciente en el mundo; entendiéndose por seguridad del paciente, según esa organización, el conjunto de estructuras y procesos organizacionales, que reducen la probabilidad  de eventos adversos, resultantes de la exposición al proceso de atención médica a  lo largo de enfermedades y procedimientos.

No cabe duda que, la seguridad del paciente guarda un vínculo directo,  inquebrantable, diríamos, con el derecho a la protección de la salud y a la propia  vida. La Ley italiana de 8 de marzo de 2017, de seguridad del cuidado y de la persona  asistida, así como sobre la responsabilidad profesional de las profesiones  sanitarias (Legge 24/2017, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti  le professioni sanitarie) -citada en el referido informe del Comité de Bioética de  España- proclama que la seguridad del cuidado es una parte constitutiva del  derecho a la salud y se persigue en interés del individuo y la comunidad, indicando  que dicha seguridad del cuidado también se logra a través de las actividades  dirigidas a la prevención y gestión del riesgo, relacionado con la prestación de  servicios de salud y el uso adecuado de los recursos estructurales, tecnológicos y organizativos. Tal legislación reconoce una conexidad entre el derecho a la  protección de salud y a una atención segura, con lo que, sin duda alguna, estamos de acuerdo.

La promulgación de legislación a favor de la seguridad del paciente es conteste con el llamado de la OMS a sus Estados miembros a elaborar y aplicar políticas, leyes,  estrategias, orientaciones, herramientas nacionales y a destinar los recursos  adecuados, con el fin de reforzar la seguridad de todos los servicios de salud; según  se desprende de una reciente resolución del año 2019, de la 72ª Asamblea Mundial  de la Salud. Ya algunos países en Iberoamérica han hecho lo propio. España por  ejemplo, varios años atrás promulgó la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y  calidad del Sistema Nacional de Salud, que dispuso de una infraestructura de la  calidad, a partir de normas de calidad y seguridad, que contendrán los  requerimientos que deben guiar los centros y servicios sanitarios para poder realizar una actividad sanitaria de forma segura; dentro de los que se contempla el registro  de acontecimientos adversos, que recogerá información sobre aquellas prácticas que hayan resultado un problema potencial de seguridad para el paciente.

Por su parte Chile, desde el año 2012, con la Ley n.º 20 584 sobre derechos y deberes  que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su salud, estableció   que toda persona tiene derecho a que, en el marco de la atención de salud que se le  brinda, los miembros del equipo de salud y los prestadores institucionales, cumplan con los protocolos establecidos en materia de seguridad del paciente y la calidad de atención en salud, referente a materias tales como infecciones nosocomiales, identificación y accidentabilidad de los pacientes, errores en la atención en salud y en general, todos aquellos eventos adversos evitables, según las prácticas comúnmente aceptadas; adicionalmente a ser informados acerca de la ocurrencia de un evento adverso, independientemente de la magnitud de los daños causados.

En Costa Rica, la Ley 8239 del 02 de abril de 2002, de Derechos y Deberes de las  Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados, es prácticamente  omisa en comparación con las legislaciones española y chilena, en cuanto a  seguridad del paciente. Al ser una ley que ya alcanzó su mayoría de edad y sobre la cual ya se ha planteado al menos un proyecto de reforma, lo referente a la inclusión en esta de expresas disposiciones sobre la seguridad del paciente, debe contemplarse.

El aporte de valor de las legislaciones que, como las citadas, contemplan lo referente a la notificación de los eventos adversos, es muy significativo. Ante todo, porque en materia de seguridad del paciente es determinante aprender de los  errores, sacarlos a la luz cuando se producen, en procura de que no se vuelvan a presentar. Pero el reto no está únicamente en incluir lo relativo a la notificación de los eventos adversos en estos marcos normativos; el reto mayor radica en lograr que los agentes que participan del proceso de la atención de la salud, fundamentalmente los profesionales de la salud los comuniquen; pues pesan difíciles obstáculos como el temor a ser perseguidos por ello, según los diferentes  ámbitos de responsabilidad, administrativa, civil, disciplinaria o incluso penal.

De ahí la importancia de la discusión que se suscita actualmente, en cuanto a que,  un modelo de notificación de eventos adversos deba basarse en un modelo no  punitivo. Desde el Derecho Comparado hay importantes antecedentes de ello, con  el modelo implantado en Dinamarca a partir de la Ley de seguridad del paciente de  1º de enero de 2004 y más recientemente la legislación italiana, antes referida y que  estableció que los informes y documentos resultantes de la actividad de gestión de  riesgos clínicos no pueden ser utilizados en el contexto de procesos judiciales.

Jurídicamente es una discusión compleja, pero que bien vale la pena tener, teniendo  como norte el supremo valor del derecho a la protección de la salud en su más que evidente relación con la seguridad del paciente

Ofelia De Lorenzo y Andrea Camps impartirán el 3 de marzo una masterclass para la Universidad Austral de Argentina, en el ámbito del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, sobre “Telemedicina y responsabilidad”.

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO SANITARIO

ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EN MADRID, EL 22 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL SENO DEL XXVII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO.

Asistentes

Ofelia de Lorenzo Aparici. España. Vicepresidente 1ª

Juan Siso Martín. España. Secretario General

Adriana Bonezzi Pérez. España. Tesorera

Mª Teresa Navarro Castro. Chile. Vocal 1ª

Randall Madrigall. Costa Rica. Vocal 2º

Excusaron su asistencia.

Domingo Bello Janeiro. España. Presidente.

Mario Ríos Barrientos. Perú. Vicepresidente 1º.

Federico de Montalvo Jääskeläinen. España. Vocal 3º

Se celebra la sesión presencial de esta Asamblea en la Sala 2 del Complejo Duques de Pastrana, sede del XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario y en el seno de este evento, abriendo el acto el Secretario General de la Asociación, D. Juan Siso Martín, quien saluda a los asistentes en la sala y a quienes de forma telemática siguen este encuentro en España e Iberoamérica.

Comienza el acto con la presentación de D. Enrique Navarro Beltrán, Profesor de Derecho Constitucional y Director de Publicaciones en la Universidad Finisterrae, en Chile, Director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, Fue Director de Estudios de la Corte Suprema de Justicia y Ministro de la Corte, así como Ministro del Tribunal Constitucional de Chile.

Tenía prevista la impartición de una conferencia magistral en el día de ayer, si bien un importante contratiempo de salud se lo impidió. No ha querido regresar a su país sin cumplir este objetivo, el motivador único, en realidad, de su viaje a Madrid y lo ha pospuesto, al día de hoy, en mejores condiciones. Hará, no obstante, por los motivos de salud expresados, sólo una síntesis.

El Secretario actuante agradece la voluntad del profesor Navarro y presenta su intervención, que versará sobre el complejo asunto del Neuroderecho y la situación del constitucionalismo en Chile y el actual escenario normativo al respecto.

Interviene el conferenciante, agradeciendo a la organización del Congreso la invitación que le permite esta exposición. Imparte su conferencia y por el Secretario, una vez concluida, se informa, a todos los oyentes, de la próxima inserción del texto de la misma en la web de la Asociación, a fin de poder examinar en detalle su contenido y conservarlo para estudio y reflexión posterior.

Comienza la Asamblea con la mención recordatoria de los eventos llevados a cabo desde la Asamblea anterior, celebrada ésta en el seno del XXVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, en la difícil situación pandémica y a pesar de la misma. El intercambio de conocimientos y experiencias entre España e Iberoamérica sobre el Derecho Sanitario se ha concretado en las siguientes acciones, que se exponen y de las que se deja constancia en este Acta.

  1. 19 noviembre 2020. Conversatorio Internacional de Ciencias de la Salud. Envejecimiento saludable a través de la gerontología. Universidad Kino en Sonora (México).
  • 10 diciembre 2020. Desafíos desde el derecho de la salud ante la pandemia del covid-19. Colegio de Abogados de Costa Rica.
  • 4 mayo 2021. Comentarios sobre la Ley 3/2021, de Eutanasia, de España. Colegio de Abogados de Costa Rica.
  • 4 mayo 2021. Protección del derecho a la salud en Iberoamérica. Asociación Chilena del Derecho de la Salud.
  • 16 mayo 2021. Telemedicina y protección de datos durante la pandemia. Colegio de Abogados de Costa Rica.
  • 20 mayo 2021. Prescripción de medicamentos y comercio electrónico en tiempos de pandemia. Asociación Chilena del Derecho de la Salud.
  • 23 febrero 2021. Los poderes del Estado frente a las garantías de las personas. Colegio de Abogados de Costa Rica.
  • 21 septiembre 2021. El derecho a la salud ante las crisis sanitarias. Colegio de Abogados de Costa Rica.

Se hace, por el Secretario interviniente, una apuesta de futuro a un próximo año lleno de realidades, no concretables aún, pero a cuya voluntad se suscriben todos los asistentes.

Abierto el turno de intervenciones de los asistentes interviene Dña. Teresa Navarro, Vocal 2ª de la Asociación, quien pone de relieve el espíritu que impregna a los miembros y entidades integrantes de la Asociación con el común objetivo de difundir del Derecho Sanitario en el espacio iberoamericano.

Se suma el abogado costarricense Randall Madrigal, Vocal 1º de la Asociación quien apoya este propósito común y recuerda la interesante idea, ya expuesta en ocasión anterior, de reunir las publicaciones y aportaciones de los integrantes de la Asociación en una publicación común que integre las inquietudes y esfuerzos de todos. Manifiesta su colaboración y apoyo para futuras actividades de la Asociación.

Manifiesta Dña. Adriana Bonezzi, Tesorera de la Asociación, su agradecimiento al ponente por su enjundiosa intervención acerca del constitucionalismo chileno y su conexión con asuntos tan actuales tan complejos y relevantes como el Neuroderecho en el escenario presente de la tecnología y su indiscutible incidencia en la vida diaria de todos. Expone, la Sra. Bonezzi su satisfacción por la conexión de estos temas del Derecho Sanitario, que nos ocupan y preocupan ,en los dos lados del Atlántico y su deseo de que lejos de apagarse esta inquietud acreciente su intensidad.

Ofrecido a los demás asistentes turno de palabra manifiestan su intención de no utilizarlo y sin otros asuntos que tratar se clausura esta Asamblea en lugar y fecha al principio de este documento citados.

El 16 de marzo Ricardo De Lorenzo Aparici intervino en el ciclo de conferencias telemáticas del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica con la ponencia con la ponencia “La #telemedicina en la pandemia y post #pandemia #COVID19 #protecciondedatos de las personas”. Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

El 23 de febrero Ofelia De Lorenzo participó en el ciclo de conferencias telemáticas del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica con la ponencia “Medidas sanitarias por la pandemia del #COVID19, los poderes del Estado frente a las garantías de las personas”. Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

La pandemia de Covid que está afectando a todo el planeta provoca preguntas comunes en países diversos. Por eso, profesionales prestigiosos en el escenario internacional, están siendo consultados busca de respuestas. Es el caso de Ricardo De Lorenzo y Montero, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), que fue invitado por el Colegio de Abogados de Costa Rica a inaugurar unas jornadas telemáticas acerca de los desafíos del Derecho de la Salud ante la pandemia de Covid-19. De Lorenzo, durante esta pandemia ya ha participado vía online en jornadas organizadas por las asociaciones de Derecho Sanitario de Chile y Argentina.

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Aclaro antes de nada que esto no va de siglas políticas, sino de dotación y gestión del sistema sanitario público, y si centro mi análisis en una zona geográfica es solo porque es en la que vivo. Cada cual extrapole lo extrapolable a la suya y a la gestión de su servicio público de salud.

1.- La situación de nuestra sanidad a la llegada del COVID-19.

No tengo intención de extenderme hablando de la situación de infradotación en la que el sistema sanitario público está desde hace al menos una década, porque ya escribí sobre ello anteriormente. Baste decir que el sistema se mantiene a base del continuo e ininterrumpido sobreesfuerzo de los profesionales y que está tan al límite que una mera epidemia estacional de gripe un poco más fuerte que otras, como la de principios de 2017, lo colapsa hasta el punto de obligar a abrir la planta reservada para grandes catástrofes en el hospital de Galdakao.

En esta situación, de infradotación incluso para la atención ordinaria sanitaria, nos llegó el COVID y el colapso fue cantado. No se pudo dar abasto y mero ejemplo en nuestro ámbito geográfico más cercano fueron el cierre total del servicio de pediatría de Basurto o la habilitación del gimnasio del hospital de Cruces de forma improvisada. A nivel sociosanitario la improvisación fue la tónica, trasladando de prisa y corriendo a grandes dependientes a centros no dotados para estos pacientes, y asumiendo en todos los casos como meros daños colaterales los producidos a los trabajadores por una total falta de prevención de riesgos laborales.

En aquel entonces nuestros gestores tuvieron una gran excusa para que miráramos para otro lado. Aunque habían tenido durante lustros los servicios de salud bajo mínimos, el COVID llegó sin avisar y, objetivamente, de forma brutal. Toda la ciudadanía encajó sumisamente recortes o incluso totales anulaciones de sus derechos fundamentales y algunos sectores (como la hostelería y los relacionados con turismo y viajes) un primer golpe brutal que muchos, desgraciadamente, ya no superaron. Desde entonces llevamos casi un año arrimando todos el hombro, obediente y calladamente, y además evitando fiscalizar la gestión sanitaria para que nadie diga que se intenta sacar rédito político de la desgracia.

2.- Lo que un buen gestor hubiera hecho antes de la anunciada segunda ola.

Pero tras el infierno de la primera ola, nuestros gestores tenían deberes que hacer. Así como aquella nos cogió infradotados y desprevenidos, esta segunda ola se anunció reiteradamente, con precisión de reloj suizo y con muchísima antelación. Se sabía lo que iba a venir antes de acabar el año y se sabía que se iba a disponer de 8 largos meses para prepararse a todos los niveles asistenciales (asistencia primaria, hospitalaria y sociosanitaria).

Por citar solo algunos aspectos, a nivel de ciudadanía, de empresas privadas y de trabajadores autónomos, más allá de la continua y necesaria apelación a la responsabilidad personal o empresarial, había tiempo sobrado para, por ejemplo, ir fijando entre todos los gobiernos (autonómicos y estatal) precios máximos de material de primera necesidad en la lucha contra el COVID, como se ha hecho, por ejemplo, en la cercana Portugal con las mascarillas quirúrgicas (se han de cambiar cada 4 horas), fijando ya en marzo un precio máximo de poco más de 8 céntimos (1,74 € el pack de 20 mascarillas). Lo mismo podía hacerse con hidro-alcohol, desinfectantes en pulverizador y el largo etcétera de material indispensable. Piénsese que a la hostelería, por ejemplo, desde el minuto uno se le ha venido condenando a rebajar brutalmente los ingresos con continuas reducciones de aforo o cierres completos, al mismo tiempo que se le obliga a multiplicar sus gastos con unas obligaciones ingentes de prevención y sanidad que exigen compras inacabables de material de limpieza, separación de espacios, paneles de metacrilato, construcción y habilitaciones de terrazas con sus tasas municipales, mayor contratación de personal o esfuerzo de horas trabajo para desinfección sin pausa, etc…..

A nivel de asistencia primaria y de personal había tiempo para planificar la contratación de más rastreadores y, sobre todo, de más profesionales que descargaran a la ya sobrepasada y heroica plantilla. Para empezar, contratando a los médicos jubilados que de forma ejemplar se ofrecieron formalmente a los servicios de salud. Se han hecho contrataciones en tiempo record (como en la citada epidemia de gripe de 2017), y esta vez estaba más fácil que nunca pues el gobierno del Estado se encargó de proporcionar herramientas para ello con los reales decretos que no solo habilitan la contratación de personal médico y de enfermería en condiciones excepcionales, sino que permiten incluso movilizar médicos entre especialidades, entre centros hospitalarios y de asistencia primaria e incluso de plazas no asistenciales de una administración a asistenciales de otra. Jamás fue menos complicado lograr personal sanitario.

En los hospitales, en los que hemos llegado a ver incluso el montaje de 18 camas en pocas horas mediante sistema modular (Baiona), por fin había tiempo de sobra para organizar y panificar todo de abajo a arriba, con medios materiales y humanos. Empezando por el refuerzo de las urgencias y terminando por las UCIs. Pasando por mayor dotación de camas, planificación y contratación de filtros y sistemas de desinfección ambiental en zonas cerradas, y todo sin la improvisación del pasado marzo. Además, se ha evidenciado la necesidad acuciante de ampliar la dotación sanitaria para catástrofes, ahora que con la misma seguridad que nos anunciaron la segunda ola nos aseguran también (aunque sin fecha fija en este caso) que por desgracia esta no será ya la última pandemia en este mundo globalizado y totalmente interconectado.

Y no solo era el momento obligado para tomar medidas, sino que la desgracia de marzo nos dijo con exactitud cuáles y cuántas serían las necesidades sanitarias a todos los niveles en la siguiente ola o pandemia, dándonos en esta primera unas referencias concretas en forma de máximo de necesidades asistenciales (1.900 camas de hospital, 207 de UCI, etc….). Sabíamos además que esta segunda ola coincidiría con la gripe estacional y se conocen los datos de ésta en otros años, así como lo que ello iba a suponer de presión añadida al COVID-19 para el sistema sanitario. Disponíamos de 8 largos meses para planificarlo y hacerlo mucho mejor y a cualquiera se le ocurriría, en suma, que preparando con calma y sensatez al sistema sanitario para algo como lo que vino en la primera ola del COVID, se podría evitar el colapso y todo lo que ello conlleva. La primera vez nos cogió desprevenidos, pero ésta no podía sorprendernos igual porque ahora lo teníamos todo para prepararnos: los motivos, los datos exactos y tiempo.

¿Y qué se ha hecho?.

Como suele decirse cuando no hay respuesta, es una buena pregunta.

Centrándome en lo que me toca de cerca, en Euskadi el 5 de noviembre se anunciaron medidas drásticas de limitación de derechos para la lucha contra el COVID-19. Quien las anunció ese día debió comenzar dando detalladas explicaciones de lo que se ha hecho en ocho meses para intentar evitar tener que adoptar tan extremas medidas. Debió explicar previamente cómo ha se ha preparado al servicio público de salud, en todo este largo tiempo del que ha dispuesto, para una segunda ola COVID que se sabía con toda seguridad cuándo y con qué virulencia iba a venir. Qué medidas se han adoptado, o intentado siquiera, para facilitar a la ciudadanía y empresas privadas la adquisición de material higiénico y sanitario de primera necesidad en la lucha contra el COVID. Cuánto personal sanitario de más ha contratado (más allá de los contratos adicionales que todos los años se hacen por estas fechas por la gripe). Cuántos rastreadores. Cuánto profesional médico y de enfermería de atención primaria de más. Fundamentalmente, cómo ha reforzado las urgencias y cuántas plazas hospitalarias y UCI adicionales han dotado en Euskadi. O incluso, más directamente porque sabemos lo que ha pasado con el ofrecimiento, en qué papelera de la administración está la lista de médicos jubilados que según publicó en prensa la Organización Médica Colegial se le han ofertado para trabajar y porqué está en la papelera.

Solo tras dar esos datos y, sobre todo, tras acreditar que no había otro remedio habiendo hecho diligentemente los deberes de prevención de la segunda ola, cabría entender y aceptar la toma de medidas tan graves y dramáticas como las adoptadas. Sin embargo, jamás hablan de esa preparación y, por duro e incomprensible que nos resulte, es porque no se ha hecho nada, más allá de echarnos la culpa continuamente a los propios ciudadanos en general, tachando de irresponsables a unos y otros colectivos sucesivamente, primero los jóvenes, luego las propias familias, la hostelería y últimamente incluso los propios sanitarios, que según Simón se contagiaban por imprudentes.

Entrando ya en detalles, los datos oficiales de hospitalizados, fallecidos e incidencia acumulada que ofrecen el propio Gobierno Vasco y el Ministerio de Sanidad[i] no justifican en sí mismos las gravísimas medidas acordadas el día 5 de noviembre, que solo se explican si, en efecto, ha habido total dejación previa a la hora planificar y preparar esta segunda ola. Así por ejemplo:

El 24 de marzo se llegó a 390 hospitalizados en planta y UCI; por el contrario, el mismo día 5 en que se acordaron las medidas, los hospitalizados totales (planta y UCI) fueron 102 en toda Euskadi, la cuarta parte; ojo, ese mismo día 5 las altas hospitalarias fueron 121 (entraron 102, salieron 121);
A 29 de marzo a las 21:00 horas, precisaron hospitalización en los últimos 7 días 1.990 personas en Euskadi; en los 7 día anteriores al 5 de noviembre 678 personas la precisaron; en el mismo periodo salieron del hospital 634 (entraron 678 y salieron 634).
A 29 de marzo la Incidencia Acumulada (número de casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes) era de 245,81% en Euskadi, frente al 0,14 % el 5 de noviembre (por cierto, la más baja de todo el Estado y a años luz de la media estatal).
Sobre todo, en el pico de la primera ola de la pandemia a 29 de marzo, el COVID requería 1903 camas hospitalarias, 207 de ellas en UCI; a 5 de noviembre el COVID ocupaba 709 camas de hospital, de ellas 100 de UCI.
A la hora de escribir estas líneas los últimos datos del Gobierno Vasco son de 17 de noviembre; indican que hay un total de 721 ingresados en planta hospitalaria, con 115 ingresados ese y 118 altas el mismo día; los ingresados en UCI son 123, con 7 ingresos y 6 altas ese día. Por ofrecer datos comparativos, entre el 1 y el 18 de septiembre la media diaria andaba por los 90 ingresos y 60 fallecidos. No eran datos menos malos que los de ahora, no se adoptaron medidas como las que ahora nos afectan y las cosas no fueron a peor a corto plazo.

Qué quiere decir todo esto. Quiere decir, en román paladino, que tenemos la hostelería cerrada, estamos limitados en nuestros derechos fundamentales, amenazados de confinamiento total, con la sanidad casi saturada y con los profesionales sanitarios reventados porque en 8 larguísimos meses nuestros gestores se han dedicado a exigir a los demás. Ni siquiera el drama de esta pandemia les ha hecho plantearse dotar y preparar el sistema sanitario y sociosanitario, no ya para un nivel de ingresos hospitalarios por COVID como los de la primera ola, sino tampoco para algo más de un tercio; ni siquiera 1000 camas en 8 meses cuando en enero de 2017 organizaron más de 400 en días. Quiere decir también que los datos oficiales que ofrecen el propio Gobierno Vasco y el Estado, con ser altos (que lo son), solo justifican estas medidas por su propia dejación previa. Quiere decir, en suma y sobre todo, que había otra alternativa por la que inexplicablemente no se ha optado: aprender y sacar conclusiones de la primera ola, planificar y prepararnos para la segunda, y dotar como se debía a una sanidad que lleva años en precario. No digamos ya si, además e idealmente, hubieran dejado el sistema preparado para futuras pandemias que se nos anuncian como seguras.

Pero, es más. Incluso tras la inasumible imprevisión, había otras alternativas. La jurisprudencia está ronca de decir que la restricción de derechos debe ser excepcional y limitarse al máximo en el tiempo y en la forma, y desde luego no hacerse de forma extensiva e indiscriminada. No se trata de hacer demagogia aprovechando el curioso caso de Madrid que, partiendo de una situación peor, está saliendo de ella sin medidas como estas ni parecidas. Se trata de gestionar la pandemia diferenciando situaciones, de forma precisa, racional y respetuosa con nuestros derechos, y no ir al café para todos que aquí tanto hemos criticado políticamente por otros motivos. A cualquiera que mire el mapa municipal interactivo de Euskadi, que ofrece casi en tiempo real la afectación por municipios, le tiene que parecer profundamente injusto que municipios como Valdegobía/Gaubea, Maeztu o Mendata (por poner solo algunos ejemplos), que carecen de afectados, hayan de soportar limitación de derechos y a su hostelería cerrada. Prohíbe quien no sabe gestionar, salvo que la idea haya sido perjudicar a todos por igual, aunque paguen justos por pecadores.

Más allá de los datos, la improvisación vuelve a ser la tónica general de gestión en esta segunda ola, con planes de contingencia de puro parcheo en cada centro sanitario u hospital y a veces incluso en cada servicio, y no pocos de ellos a golpe de látigo del capataz de turno, al que solo se le ocurre imponer más y más trabajo, cualitativa y cuantitativamente, a los reventados profesionales. La verdadera planificación a medio y largo plazo, ni está ni se le espera. Y los deberes de seguridad para con el personal sanitario siguen sin cumplirse 8 meses después, según informe de Inspección de Trabajo y OSALAN hecho público en algún medio el 12 de Noviembre.

¿Y ahora qué?.

Ahora ya andamos tarde porque, como el mal estudiante que vaguea todo el curso, al final toca hacer las cosas de prisa y corriendo, eligiendo entre soluciones que ya no pueden ser buenas sino solo malas o muy malas.

Quienes no han dado las debidas explicaciones antes, buscarán excusas después, pero no debemos aceptarlas sin más. Tiene que acabarse el tragar continuas limitaciones de derechos fundamentales paridas por quienes no hacen su trabajo, ni dan cuenta de su dejadez, ni se imaginan siquiera lo que es pasar penuria y, menos aún, se les pasa por la cabeza dar ejemplo y solidarizarse con aquellos a los que su incuria más empobrece, verbi gracia bajándose un 20% sus seguros sueldos, como alguna dirigente de las antípodas ha hecho ya. No se puede aceptar con mansedumbre que la segunda ola nos haya cogido igual de desprevenidos que la primera. Han pasado ya demasiados días, meses y padecimientos como para que cuando menos merezcamos explicaciones de lo hecho y de lo no hecho y, en adelante, cumplidas razones de lo que se vaya a hacer, sustentadas en datos e información objetiva y contrastadas con alternativas no menos motivadas. Por último, incluso hay que pedir responsabilidades siempre que de todo lo anterior se evidencien negligencias. Y en medio, por supuesto, el inalienable derecho de todos a la crítica razonada y respetuosa, como pretende ser esta.

Empezando por esas razones que merecemos, es difícil adivinar las de esta imprevisión de los gestores. El motivo no puede ser económico, porque solo en infraestructuras se están acometiendo ahora mismo gastos infinitamente mayores que sin problema se pueden/SE DEBEN relegar en favor de la lucha contra en COVID-19 para, y porque con no demasiada inversión (que no gasto) en sanidad, es muy probable que se hubiera evitado esta catástrofe para la sociedad, al tiempo que se hubiera mejorado la dotación de una sanidad estructuralmente necesitada de ello e incluso la habríamos preparado definitivamente para las pandemias futuras anunciadas. Otra posibilidad sería la total ineptitud para prever lo que venía, pero con los datos de la primera ola y los de la gripe estacional anual, a la vista estaba para el menos capaz lo que había que hacer e incluso, en última instancia, el número de hospitalizados máximos para los que había que prepararse, número al que ni nos hemos acercado esta vez (pasamos escasamente el tercio de entonces). Me resisto a pensar mal y suponer en nuestros gestores la perfidia que implicaría haber previsto lo que venía, saber lo que había que hacer y no haber querido hacerlo con la certeza del gravísimo perjuicio que ello acarrearía a todos. Parafraseando a Clint Eastwood en “El principiante”, debe de haber más de 100 razones para tanta imprevisión, pero ahora mismo no se nos ocurre ninguna.

Lo único objetivo y seguro es que quien gobierna ha decidido que la ronda de su dejación la paguen los ciudadanos con sus derechos y, quizá más especialmente por ahora, la hostelería y sus familias con su dinero, su trabajo y hasta su vida. Creo que estos no debieran estar hoy mendigando las migajas de unas ayudas a las que puede que no hubiera que haber llegado. Hoy la hostelería debería de estar abierta y ganándose el pan con su trabajo. Aunque haya de ser deprisa y corriendo, los responsables del desaguisado deben arreglarlo de inmediato, comenzando por levantar ya los cierres en los municipios sin afectación COVID o con escasísima incidencia actual, ellos verán si manteniendo el toque de queda y el cierre perimetral. Pero, sobre todo, deben hacer con la mayor de las urgencias lo que no planificaron en los 8 largos meses que llevan de siesta para, cuanto antes, acometer la urgente e inaplazable mejora estructural de la maltrecha sanidad pública a todos los niveles, prepararla para que nunca más nos pille algo así desprevenidos y dotarla para catástrofes y pandemias mucho más de lo que hoy tenemos en la planta 9 del hospital de Galdakao, que se ha evidenciado radicalmente escaso. Si lo que estamos pasando no es razón suficiente para esto, me temo que nada ya lo será. Mientras esa inversión se acomete (o mientras se lo siguen pensando los responsables), que cada cual sopese responsabilidades políticas y patrimoniales por lo hecho y, sobre todo, por lo que debió de hacerse y no se hizo.

Quizá el final más adecuado del artículo sea la misma pregunta que lo titula, pero reformulada para que cada cual la complete a su gusto: ¿Qué………..…..tiene que ocurrir para que de una…..………vez se dote suficientemente el sistema sanitario y sociosanitario público?

Artículo de Alfonso Atela, abogado del Colegio de Médicos de Vizcaya (España).

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