Randall Madrigal Madrigal

Abogado

Miembro de la Red Panamericana de Pacientes Por la Seguridad del Paciente

larepublica.net

Las intervenciones en salud, sin duda alguna, se realizan con el fin de beneficiar a las personas, como una manifestación misma de los principios bioéticos de  beneficencia y no maleficencia y del principio hipocrático de «primun non nocere» o  primero no hacer daño. Sin embargo, tales intervenciones son realizadas en  ambientes con una combinación compleja de procesos, tecnologías e interacciones  humanas, entorno que constituye el sistema moderno de prestación de atención de  la salud, que sin duda, en aprovechamiento de un recurso humano en salud cada  vez más especializado y de un plano tecnológico otrora impensable; aporta  beneficios importantes en la atención de los pacientes, no obstante, conlleva un  riesgo inevitable de que ocurran eventos adversos y ciertamente ocurren, con  demasiada frecuencia.

Así había sido advertido ya en el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a la calidad de la atención y seguridad del paciente de 5 de  diciembre de 2001.

La OMS en su glosario de conceptos básicos en la Clasificación Internacional para  la Seguridad del Paciente (CISP), refiere a los eventos adversos como incidentes  que producen daño al paciente, tratándose de hechos imprevistos, no relacionados  con la historia natural de la enfermedad, como consecuencia del proceso de  atención médica, sin que representen necesariamente un error médico, sino una  falla del sistema (predominantemente) en cuanto a la organización del servicio de  salud y que causan lesión, incapacidad, muerte, aumento de la estancia hospitalaria, que se deriva de la asistencia sanitaria y no de la enfermedad propia del paciente.

Ejemplos de ellos son las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales y los errores de medicación -prescripción, dispensación y administración), entre otros. Los estudios sobre los riesgos de la atención sanitaria y eventos adversos (atención antes pensada como incapaz de provocar daños) ya afloraban desde las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado, pero es en 1999 con el estudio: “To err is  human: building a safer healht system”, del Instituto de Medicina de los Estados  Unidos, que se aportan datos significativos y se coloca el tema en el centro del  debate público en todo el mundo. Los datos de tal estudio ya eran alarmantes para esa fecha y siguen siéndolo sin duda en la actualidad.

Un reciente Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económico (OCDE) de 2020, bajo el título de The Economics of Patient Safety: from  analysis to action, citado por el Comité de Bioética de España en su informe sobre  los aspectos éticos de la seguridad del paciente y específicamente, de la  implantación de un sistema efectivo de notificación de incidentes de seguridad y  eventos adversos (2021), señala que más de 1 de cada 10 pacientes continúan  sufriendo daños por fallas de seguridad durante su atención, datos que no distan de  los resultados obtenidos en años anteriores, en cuenta, el estudio IBEAS (2009),  llevado a cabo en hospitales de Latinoamérica y en el que Costa Rica había  participado.

El alarmante número de pacientes que sufren algún tipo de daño durante el proceso  de atención de su salud, llevó a la OMS a lanzar desde el año 2004 la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, con el fin de mejorar la seguridad del paciente en el mundo; entendiéndose por seguridad del paciente, según esa organización, el conjunto de estructuras y procesos organizacionales, que reducen la probabilidad  de eventos adversos, resultantes de la exposición al proceso de atención médica a  lo largo de enfermedades y procedimientos.

No cabe duda que, la seguridad del paciente guarda un vínculo directo,  inquebrantable, diríamos, con el derecho a la protección de la salud y a la propia  vida. La Ley italiana de 8 de marzo de 2017, de seguridad del cuidado y de la persona  asistida, así como sobre la responsabilidad profesional de las profesiones  sanitarias (Legge 24/2017, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti  le professioni sanitarie) -citada en el referido informe del Comité de Bioética de  España- proclama que la seguridad del cuidado es una parte constitutiva del  derecho a la salud y se persigue en interés del individuo y la comunidad, indicando  que dicha seguridad del cuidado también se logra a través de las actividades  dirigidas a la prevención y gestión del riesgo, relacionado con la prestación de  servicios de salud y el uso adecuado de los recursos estructurales, tecnológicos y organizativos. Tal legislación reconoce una conexidad entre el derecho a la  protección de salud y a una atención segura, con lo que, sin duda alguna, estamos de acuerdo.

La promulgación de legislación a favor de la seguridad del paciente es conteste con el llamado de la OMS a sus Estados miembros a elaborar y aplicar políticas, leyes,  estrategias, orientaciones, herramientas nacionales y a destinar los recursos  adecuados, con el fin de reforzar la seguridad de todos los servicios de salud; según  se desprende de una reciente resolución del año 2019, de la 72ª Asamblea Mundial  de la Salud. Ya algunos países en Iberoamérica han hecho lo propio. España por  ejemplo, varios años atrás promulgó la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y  calidad del Sistema Nacional de Salud, que dispuso de una infraestructura de la  calidad, a partir de normas de calidad y seguridad, que contendrán los  requerimientos que deben guiar los centros y servicios sanitarios para poder realizar una actividad sanitaria de forma segura; dentro de los que se contempla el registro  de acontecimientos adversos, que recogerá información sobre aquellas prácticas que hayan resultado un problema potencial de seguridad para el paciente.

Por su parte Chile, desde el año 2012, con la Ley n.º 20 584 sobre derechos y deberes  que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su salud, estableció   que toda persona tiene derecho a que, en el marco de la atención de salud que se le  brinda, los miembros del equipo de salud y los prestadores institucionales, cumplan con los protocolos establecidos en materia de seguridad del paciente y la calidad de atención en salud, referente a materias tales como infecciones nosocomiales, identificación y accidentabilidad de los pacientes, errores en la atención en salud y en general, todos aquellos eventos adversos evitables, según las prácticas comúnmente aceptadas; adicionalmente a ser informados acerca de la ocurrencia de un evento adverso, independientemente de la magnitud de los daños causados.

En Costa Rica, la Ley 8239 del 02 de abril de 2002, de Derechos y Deberes de las  Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados, es prácticamente  omisa en comparación con las legislaciones española y chilena, en cuanto a  seguridad del paciente. Al ser una ley que ya alcanzó su mayoría de edad y sobre la cual ya se ha planteado al menos un proyecto de reforma, lo referente a la inclusión en esta de expresas disposiciones sobre la seguridad del paciente, debe contemplarse.

El aporte de valor de las legislaciones que, como las citadas, contemplan lo referente a la notificación de los eventos adversos, es muy significativo. Ante todo, porque en materia de seguridad del paciente es determinante aprender de los  errores, sacarlos a la luz cuando se producen, en procura de que no se vuelvan a presentar. Pero el reto no está únicamente en incluir lo relativo a la notificación de los eventos adversos en estos marcos normativos; el reto mayor radica en lograr que los agentes que participan del proceso de la atención de la salud, fundamentalmente los profesionales de la salud los comuniquen; pues pesan difíciles obstáculos como el temor a ser perseguidos por ello, según los diferentes  ámbitos de responsabilidad, administrativa, civil, disciplinaria o incluso penal.

De ahí la importancia de la discusión que se suscita actualmente, en cuanto a que,  un modelo de notificación de eventos adversos deba basarse en un modelo no  punitivo. Desde el Derecho Comparado hay importantes antecedentes de ello, con  el modelo implantado en Dinamarca a partir de la Ley de seguridad del paciente de  1º de enero de 2004 y más recientemente la legislación italiana, antes referida y que  estableció que los informes y documentos resultantes de la actividad de gestión de  riesgos clínicos no pueden ser utilizados en el contexto de procesos judiciales.

Jurídicamente es una discusión compleja, pero que bien vale la pena tener, teniendo  como norte el supremo valor del derecho a la protección de la salud en su más que evidente relación con la seguridad del paciente

Ofelia De Lorenzo y Andrea Camps impartirán el 3 de marzo una masterclass para la Universidad Austral de Argentina, en el ámbito del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, sobre “Telemedicina y responsabilidad”.

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO SANITARIO

ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EN MADRID, EL 22 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL SENO DEL XXVII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO.

Asistentes

Ofelia de Lorenzo Aparici. España. Vicepresidente 1ª

Juan Siso Martín. España. Secretario General

Adriana Bonezzi Pérez. España. Tesorera

Mª Teresa Navarro Castro. Chile. Vocal 1ª

Randall Madrigall. Costa Rica. Vocal 2º

Excusaron su asistencia.

Domingo Bello Janeiro. España. Presidente.

Mario Ríos Barrientos. Perú. Vicepresidente 1º.

Federico de Montalvo Jääskeläinen. España. Vocal 3º

Se celebra la sesión presencial de esta Asamblea en la Sala 2 del Complejo Duques de Pastrana, sede del XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario y en el seno de este evento, abriendo el acto el Secretario General de la Asociación, D. Juan Siso Martín, quien saluda a los asistentes en la sala y a quienes de forma telemática siguen este encuentro en España e Iberoamérica.

Comienza el acto con la presentación de D. Enrique Navarro Beltrán, Profesor de Derecho Constitucional y Director de Publicaciones en la Universidad Finisterrae, en Chile, Director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, Fue Director de Estudios de la Corte Suprema de Justicia y Ministro de la Corte, así como Ministro del Tribunal Constitucional de Chile.

Tenía prevista la impartición de una conferencia magistral en el día de ayer, si bien un importante contratiempo de salud se lo impidió. No ha querido regresar a su país sin cumplir este objetivo, el motivador único, en realidad, de su viaje a Madrid y lo ha pospuesto, al día de hoy, en mejores condiciones. Hará, no obstante, por los motivos de salud expresados, sólo una síntesis.

El Secretario actuante agradece la voluntad del profesor Navarro y presenta su intervención, que versará sobre el complejo asunto del Neuroderecho y la situación del constitucionalismo en Chile y el actual escenario normativo al respecto.

Interviene el conferenciante, agradeciendo a la organización del Congreso la invitación que le permite esta exposición. Imparte su conferencia y por el Secretario, una vez concluida, se informa, a todos los oyentes, de la próxima inserción del texto de la misma en la web de la Asociación, a fin de poder examinar en detalle su contenido y conservarlo para estudio y reflexión posterior.

Comienza la Asamblea con la mención recordatoria de los eventos llevados a cabo desde la Asamblea anterior, celebrada ésta en el seno del XXVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, en la difícil situación pandémica y a pesar de la misma. El intercambio de conocimientos y experiencias entre España e Iberoamérica sobre el Derecho Sanitario se ha concretado en las siguientes acciones, que se exponen y de las que se deja constancia en este Acta.

  1. 19 noviembre 2020. Conversatorio Internacional de Ciencias de la Salud. Envejecimiento saludable a través de la gerontología. Universidad Kino en Sonora (México).
  • 10 diciembre 2020. Desafíos desde el derecho de la salud ante la pandemia del covid-19. Colegio de Abogados de Costa Rica.
  • 4 mayo 2021. Comentarios sobre la Ley 3/2021, de Eutanasia, de España. Colegio de Abogados de Costa Rica.
  • 4 mayo 2021. Protección del derecho a la salud en Iberoamérica. Asociación Chilena del Derecho de la Salud.
  • 16 mayo 2021. Telemedicina y protección de datos durante la pandemia. Colegio de Abogados de Costa Rica.
  • 20 mayo 2021. Prescripción de medicamentos y comercio electrónico en tiempos de pandemia. Asociación Chilena del Derecho de la Salud.
  • 23 febrero 2021. Los poderes del Estado frente a las garantías de las personas. Colegio de Abogados de Costa Rica.
  • 21 septiembre 2021. El derecho a la salud ante las crisis sanitarias. Colegio de Abogados de Costa Rica.

Se hace, por el Secretario interviniente, una apuesta de futuro a un próximo año lleno de realidades, no concretables aún, pero a cuya voluntad se suscriben todos los asistentes.

Abierto el turno de intervenciones de los asistentes interviene Dña. Teresa Navarro, Vocal 2ª de la Asociación, quien pone de relieve el espíritu que impregna a los miembros y entidades integrantes de la Asociación con el común objetivo de difundir del Derecho Sanitario en el espacio iberoamericano.

Se suma el abogado costarricense Randall Madrigal, Vocal 1º de la Asociación quien apoya este propósito común y recuerda la interesante idea, ya expuesta en ocasión anterior, de reunir las publicaciones y aportaciones de los integrantes de la Asociación en una publicación común que integre las inquietudes y esfuerzos de todos. Manifiesta su colaboración y apoyo para futuras actividades de la Asociación.

Manifiesta Dña. Adriana Bonezzi, Tesorera de la Asociación, su agradecimiento al ponente por su enjundiosa intervención acerca del constitucionalismo chileno y su conexión con asuntos tan actuales tan complejos y relevantes como el Neuroderecho en el escenario presente de la tecnología y su indiscutible incidencia en la vida diaria de todos. Expone, la Sra. Bonezzi su satisfacción por la conexión de estos temas del Derecho Sanitario, que nos ocupan y preocupan ,en los dos lados del Atlántico y su deseo de que lejos de apagarse esta inquietud acreciente su intensidad.

Ofrecido a los demás asistentes turno de palabra manifiestan su intención de no utilizarlo y sin otros asuntos que tratar se clausura esta Asamblea en lugar y fecha al principio de este documento citados.

El 16 de marzo Ricardo De Lorenzo Aparici intervino en el ciclo de conferencias telemáticas del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica con la ponencia con la ponencia “La #telemedicina en la pandemia y post #pandemia #COVID19 #protecciondedatos de las personas”. Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

El 23 de febrero Ofelia De Lorenzo participó en el ciclo de conferencias telemáticas del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica con la ponencia “Medidas sanitarias por la pandemia del #COVID19, los poderes del Estado frente a las garantías de las personas”. Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

La pandemia de Covid que está afectando a todo el planeta provoca preguntas comunes en países diversos. Por eso, profesionales prestigiosos en el escenario internacional, están siendo consultados busca de respuestas. Es el caso de Ricardo De Lorenzo y Montero, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), que fue invitado por el Colegio de Abogados de Costa Rica a inaugurar unas jornadas telemáticas acerca de los desafíos del Derecho de la Salud ante la pandemia de Covid-19. De Lorenzo, durante esta pandemia ya ha participado vía online en jornadas organizadas por las asociaciones de Derecho Sanitario de Chile y Argentina.

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